Ola Bini, programador de software sueco residente en Ecuador desde hace nueve años, fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando iba a tomar un vuelo Tokio para asistir a un entrenamiento de artes marciales. Su arresto sucedió el mismo día en que Julian Assange fue expulsado y capturado en la Embajada de Ecuador en Londres. Bini fue acusado por el gobierno ecuatoriano de haber dirigido ataques informáticos contra la estructura del Estado y de pertenecer a WikiLeaks, sin embargo, estuvo encarcelado durante 70 días, sin evidencias, ni formulación de cargos. El juicio en su contra está repleto de anomalías. Desde que salió libre, la vigilancia y el asedio en su contra se intensificaron.
La expulsión de Assange era una de los propósitos de la derecha ecuatoriana, acatado por el gobierno de Lenin Moreno. Para que sucediera, hubo dos ejecutores en sincronía: los latifundios mediáticos y la diplomacia. Las noticias falsificadas y las calumnias de la prensa parroquiana contra Julian Assange han tratado de ocultar los contenidos de WikiLeaks. En tanto editor, Assange preparó un archivo veraz sobre cómo opera en Latinoamérica la diplomacia norteamericana, secundada por académicos y periodistas locales. La defensa de Bini mostró que no se trata de un operador de troll centers, sino de un programador informático, chivo expiatorio de un régimen oscurantista; con la última reformulación de cargos, Bini está siendo procesado por hacer un PING remoto a una IP.
Ya todo estaba listo cuando el ex presidente Donald Trump dio la orden de capturar a Assange. El embajador norteamericano en Berlín, Richard Grenelle la coordinó con Jaime Merchán, Embajador de Ecuador en Londres. Gran parte del servicio exterior ecuatoriano ocultó durante años su repudió por el asilo a Assange; quedan pocos tratados internacionales que el ex canciller José Valencia no haya roto por su tarea de despojo y sumisión. Se permitió el espionaje de la empresa española de seguridad UC Global en la Embajada de Ecuador en Londres, que traficó esa información para los servicios de inteligencia norteamericanos. Además, el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía General del Estado y el Departamento de Justicia Norteamericano se firmó para entregarle información personal de un asilado político, adelantarse a la estrategia de sus abogados, pues también les entregaron las grabaciones de sus conversaciones. Aunque la justicia británica negó su extradición, Assange lleva dos años encarcelado sin la formulación de un juicio. Mientras tanto la Fiscalía General del Ecuador prosiguió con el juicio para quitarle la nacionalidad que le fue otorgada por su estatus de refugiado. Días antes del Paro Nacional de Octubre de 2019, las pertenencias de Assange, arrebatadas durante su captura, fueron presentadas en una audiencia reservada de la Fiscalía General del Estado. Su defensa abandonó la sala como protesta, la cadena de custodia venía rota desde Londres. No hay ninguna seguridad de que no se haya implantado evidencia.
Los últimos meses en la Embajada para Assange podrían considerarse como una anticipación del constante estado de excepción que vive una nación a la que se le impide todo sustento: sea alimentación, empleo digno, conectividad, atención médica y visitas; asedio y vigilancia. La expulsión y la captura de Assange exigen una reparación para él y su familia. Cuando hay encierro y los muros son cada vez más altos, también hay voluntad de taladrar el cerco, los muros aplastan a quienes los levantan.